Yo no soy racista, pero es que los gitanos rumanos no se integran. Habría que echarlos a todos como ha hecho Sarkozy». Roberto Macía, vecino del barrio de La Salud, en Badalona, «está harto» de que este colectivo «degrade el barrio» y «llene todo de porquería». «No puede ser que no me atreva ni a ir al parque con mi hija porque estén ellos», se lamenta sentado junto a la barra del bar La Granja, justo enfrente de la nueva estación de metro. La misma opinión tiene Vanesa Lozano: «Muchos vecinos se están yendo de aquí porque no aguantan más. Tenemos miedo», insiste.

En esta zona obrera de Badalona, ciudad limítrofe con Barcelona, los conflictos generados por los altos índices de inmigración están en boca de todos, como fue corroborado por la líder del Partido Popular en Cataluña (PPC), Alicia Sánchez Camacho, quien visitó el barrio el pasado viernes acompañada por la eurodiputada francesa María Thérèse Sánchez-Schmid (del partido de Sakozy). Con la visita se ganó las simpatías de muchos vecinos, pero otros tienen claro que «sólo vino a pescar votos». «No creo que vaya a hacer mucho para mejorar la situación», reflexiona Jaume Morros, un joven que se ha quedado en el paro. «Los políticos hablan de los inmigrantes para no tener que hablar de la crisis, que es nuestro principal problema. Porque la crisis no la arreglará ni Cristo», protesta.

El PPC ha convertido la inmigración en uno de los ejes de su programa electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas del 28 de noviembre. Una estrategia que ha sido criticada por los socialistas catalanes, que acusan a la formación de «fomentar la política del miedo en materia de inmigración» desde una postura «extrema y radical». El colectivo de rumanos, que tan sólo representa un 1% de los 200.000 habitantes de Badalona, «crea muchos menos problemas de lo que se está diciendo en los medios», apunta su alcalde, el socialista Jordi Serra. «El PPC está manipulando descaradamente el fenómeno para sacar partido», opina. En la misma línea, los eco-comunistas de ICV han calificado a la líder popular de «aprendiza de Le Pen». Más templados han sido los comentarios del líder de Convergència i Unió, Artur Mas, que abogó por «expulsar a todos los delincuentes, sin tener en cuenta su etnia u origen». No hay que olvidar que, desde la misma formación nacionalista, Josep María Vila d\'Abadal, alcalde de Vic, ya situó la inmigración en el foco de la polémica a principios de año, cuando se negó a empadronar a los extranjeros sin papeles en una ciudad en la que Plataforma per Catalunya, grupo abiertamente xenófobo, gana cada vez más adeptos.
Gemma Galdón, investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), señala que «el PPC ha situado el debate en el plano autonómico por primera vez en Cataluña», ya que «antes estaba restringido al ámbito municipal». Su estrategia puede ser imitada por otros partidos políticos «si calculan que pueden conseguir réditos electorales». Teresa Sordé, profesora de Sociológía de la UAB, considera que el discurso xenófobo no llegará a calar porque Cataluña «tiene una larga tradición de acogida de nuevos colectivos y ha apostado siempre por el desarrollo de políticas integradoras». En esta comunidad autónoma residen 1,2 millones de extranjeros, un 15% de la población, la mayoría de origen latinoamericano y magrebí. Hace sólo una década no llegaba al 3%.