Cuando Nicolas Sarkozy reveló durante la cumbre de la Unión Europea celebrada la semana pasada que Alemania tenía previsto acometer un plan para desmantelar los campamentos gitanos como ha ocurrido en Francia, el Gobierno que preside Angela Merkel reaccionó con tres desmentidos en menos de veinticuatro horas, algo inédito en la larga trayectoria de relaciones entre París y Berlín.

Al mismo tiempo, los dirigentes germanos comenzaron a ver al mandatario mandatario galo como un mentiroso.
Pero ahora se ha sabido que Sarkozy no faltó a la verdad, ni tampoco reveló ningún secreto oficial alemán. Lo que si se puede achacar al inquilino del Elíseo es el no haber precisado el proyecto del Ejecutivo de Berlín para expulsar a varios miles de gitanos que residen desde hace más de una década en Alemania. Cuando estalló a principios de los años noventa del siglo pasado la guerra en la extinta Yugoslavia, unas 23.000 personas encontraron refugio en el país germano, entre ellas, 8.500 gitanos que huyeron de Kosovo, la provincia serbia convertida en la actualidad en un Estado independiente.
Su nueva situación política ha devuelto sobre el papel la normalidad a la ex provincia de mayoría albanesa y hecho posible que los Gobiernos alemán y kosovar llegaran a un acuerdo que abre la puerta a la «repatriación» de los gitanos. El documento fue firmado el pasado abril por el ministro del Interior germano, Thomas de Mazière, y su colega kosovar, Bajram Rexhepi. «Alemania no está planificando una expulsión masiva», admitió De Mazière. A diferencia de los gitanos expulsados de Francia, los kosovares no pertenecen a un país de la UE, los que les impide moverse libremente por territorio comunitario, pero tampoco son ilegales, ni viven en campamentos, ya que poseen el estatus de refugiado.
Perseguidos
A pesar de la legalidad del acuerdo oficial germano-kosovar, las repatriaciones han sido criticadas por los gobiernos regionales de Berlín y Renania del Norte-Westfalia. Sus ministros del Interior denunciaron que los expulsados no son bienvenidos al nuevo país, donde en el pasado fueron perseguidos por la minoría serbia y ahora rechazados por la mayoría albanesa.
Este aspecto también fue destacado por el Consejo central de los sinti y roma, un organismo oficial que defiende los intereses de las dos etnias gitanas que viven en Alemania. Por eso, esta corporación ha pedido al Gobierno alemán que anule la repatriación. «Muchas familias que se han visto obligadas a regresar han denunciado malos tratos en Kosovo, donde tampoco hay viviendas, ni trabajo», denunció Herbert Heuss, uno de los dirigentes del Consejo. El acuerdo entre Berlín y Pristina ha entrado en vigor este mes y limita la repatriación a 2.500 personas por año.
Pero la decisión del Ejecutivo de Merkel también ha puesto al descubierto un problema similar al de los gitanos en Francia: no son bienvenidos en Alemania, a pesar de que el país necesitará en un futuro cercano la mano de obra de medio millón de extranjeros anuales para que no se resienta su maquinaria económica.