Francia sigue con su política de desmantelamiento de los campamentos gitanos ilegales, tras el anuncio realizado hace dos semanas por el Gobierno de Nicolas Sarkozy. El titular de interior, Brice Hortefeux, manifestó entonces su intención de desalojar unos 300 poblados de este tipo, la mitad de los que según las autoridades existen en el territorio francés.

Tras una primera expulsión realizada el viernes pasado, otros dos núcleos de chabolas fueron desmantelados ayer en Montpellier y en Lattes, ambas ciudades en el departamento del Hérault.

Unos 50 romaníes vivían en estos dos campamentos, que fueron desalojados por un número similar de policías sin que se registraran incidentes, según informó la delegación regional del Gobierno. La operación se llevó a cabo en presencia de representantes de la Oficina Francesa de la Inmigración y de la Integración, un organismo que propone ayudas al retorno voluntario -de unos 300 euros por adulto- y de la Dirección de la Cohesión Social, que gestiona los alojamiento de urgencia. Estas evacuaciones se suman a la realizada el pasado viernes, cuando unos 130 romaníes tuvieron que abandonar un poblado ilegal en Saint-Etienne. Algunos de ellos acampan desde entonces en la plaza frente al Ayuntamiento.

El desmantelamiento de los poblados ilegales es uno de los anuncios del Gobierno hace dos semanas en respuesta a los disturbios de mediados de julio en Saint-Aignan, tras la muerte a manos de la policía de un joven gitano de 22 años.

El Ejecutivo también reiteró su voluntad de acelerar la política de creación de áreas de acogida para la comunidad gitana. La legislación obliga a las ciudades con más de 5.000 habitantes a poner a disposición de la comunidad gitana zonas para que puedan instalarse, pero según las asociaciones solo se han creado el 42% de ellas.

La actitud del Gobierno en este tema será uno de los aspectos que examinará hoy y mañana el comité de la ONU encargado de luchar contra la discriminación. En Francia viven unos 400.000 gitanos franceses -a los que se conoce como gente de viaje, una definición administrativa-, y, según las asociaciones, entre 15.000 y 20.000 romaníes de origen búlgaro y húngaro.