Los expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU han puesto a Francia en la picota por la «falta de voluntad política» de París ante el «recrudecimiento» de los actos racistas en el país de los derechos humanos. Más aún, denuncian que la propuesta del presidente Nicolas Sarkozy de retirar la nacionalidad francesa a algunos delincuentes de origen extranjero es «una incitación al odio».

Los expertos examinaron con lupa la política francesa hacia las minorías en el marco del examen periódico de los países que ratificaron la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965. El debate, que habitualmente es muy técnico, tomó un tono político luego de las estrepitosas declaraciones de las últimas semanas de Sarkozy, que reclamó que los asesinos de policías o los polígamos de origen extranjero se vean privados de la nacionalidad francesa, y ordenó la evacuación de campamentos ilegales de gitanos.

Precisamente ayer, el Gobierno de París informó del balance de campamentos de gitanos desmantelados en las últimas dos semanas. En total, 40 campamentos ilegales, en los que vivían unas 700 personas, que serán enviadas a sus países de origen, Rumanía y Bulgaria, «de aquí a finales de mes. En un plazo de tres meses se prevé el desmantelamiento de 300 campamentos ilegales.

«¿Cómo se puede entender que los gitanos puedan ser extraditados como si no pertenecieran a la Unión Europea?», preguntó el experto argelino Nurredin Amir. «No sabía que en un mismo país se podía hacer la diferencia entre un ciudadano de primera y de segunda categoría», añadio.

«No entiendo qué es un francés de origen extranjero», y «me pregunto si es compatible con la Constitución», se preguntó el experto turco Gun Kut, refiriéndose a la propuesta de Sarkozy contra algunos delincuentes de origen extranjero.

Sorprendida por la virulencia de estas críticas, la delegación francesa defendió con uñas y dientes la posición del Gobierno y rechazó los problemas de legalidad de las medidas contra los gitanos.

DERECHO A LA SEGURIDAD.

La misión explicó que, de acuerdo con el tratado de adhesión a la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria (miembros de la UE desde el año 2007), es posible mantener algunas restricciones de circulación durante un período de siete años contra sus ciudadanos.

En cuanto a expulsarlos a su país de origen, dijo la delegación, también es conforme al derecho europeo, que estipula que cualquier Estado puede poner fin a la permanencia en el país de una persona desempleada y que representa un peso social.

El Gobierno de Francia invocó ayer el «derecho a la seguridad» para defenderse de las críticas.