El director de la Fundación del Secretariado Gitano en Castilla-La Mancha, Carlos Ruiz, aseguró ayer a este diario que no cree que en España haya un riesgo real de que se intenten aplicar medidas como la tomada por el Gobierno Francés de deportar a ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana hacia su país de origen.

«Con los actuales partidos y el actual Gobierno estamos tranquilos, otra cosa es que en el futuro aparezcan otros políticos», explicó Ruiz, quien además recordó que el apoyo que tuvo el Secretariado Gitano cuando se movilizó junto con otras organizaciones europeas en contra de las leyes aplicadas por el Ejecutivo italiano contra este mismo colectivo.

Ruiz explicó que una de las tareas pendientes que tiene su organización es la realización de un estudio sobre este colectivo en Ciudad Real, donde cree que no llegan a 300 personas. «Son fundamentalmente un grupo nómada, que se mueven de un sitio a otro y eso hacen que estén fuera de cualquier estructura social, sanitaria o educativa. Son los últimos de los últimos», aseguró.
El responsable de la Fundación en la comunidad autónoma señala que en Ciudad Real tan sólo hay un grupo asentado con cierta continuidad que se ha establecido en unas ruinas situadas a tres o cuatro kilómetros del casco urbano, aunque en este campamento, situado en la carretera de la Fuensanta, también hay algunas personas de nacionalidad portuguesa.

Sólo de forma muy esporádica algunos rom del este de Europa han acudido a las oficinas del Secretariado Gitano en Ciudad Real, por lo general, en demanda de un puesto de trabajo y, en menor medida, de formación.

De todos modos, Carlos Ruiz, se mostró preocupado por lo que está ocurriendo en Francia, donde la Policía ha desmantelado varios emplazamientos gitanos y está procediendo a realizar deportaciones. «pero los gitanos rumanos y búlgaros de Francia están mucho más asentados que los de España», aseguró.
La movilización se está realizando a escala nacional. La Fundación del Secretariado Gitano remitió la pasada semana un duro comunicado en el que califica estos destierros de «indignantes» y «una vuelta al siglo XV», al tiempo que reclama «una estrategia común de inclusión de la población romaní» e insta al Gobierno francés a «respetar la legalidad internacional en los desalojos y expulsiones de ciudadanos de la UE».