Tras mantenerse en la barrera durante semanas, la Comisión Europea ha dado un paso frente a las expulsiones de gitanos por parte del Gobierno francés, contestadas por un gran número de voces dentro y fuera de Francia.
El Ejecutivo comunitario ha iniciado un análisis del retorno de alrededor de 800 europeos, pertenecientes a la comunidad romaní, para ver si se debe sancionar a París por haber violado la normativa comunitaria.

En una carta del lunes, la vicepresidenta Viviane Reding, responsable de Justicia y Libertades Civiles, pide a los servicios de la Comisión un análisis para ver si «puede haber base para considerar abrir un procedimiento de infracción» contra París. El documento, visto por LA RAZÓN, pide a la responsable de la Dirección General de Justicia, Françoise Le Bail, y a los servicios legales de la Comisión que concluyan su análisis antes del 31 de agosto, en base a dos principios.

El primero, si las medidas tomadas respetan la legislación de la UE sobre la libertad de movimiento de los ciudadanos de la Unión, incluida en la directiva de 2004. «En particular, en lo relativo a las condiciones y los procedimientos bajo los cuales los Estados miembros pueden limitar el derecho a la libertad de movimiento directa o indirectamente».


Reding, «preocupada»
Según la directiva, los europeos que quieran estar más de tres meses deben ser económicamente activos, es decir deben trabajar o tener suficientes recursos para no convertirse en una carga del sistema de seguridad social, además de contar con cobertura sanitaria. El artículo 27 además dice que también se podrán aplicar restricciones a la libertad de movimientos de los europeos por razones de seguridad pública. Aunque añade que las expulsiones en base a estas razones deben tomarse «exclusivamente» por la conducta personal de un individuo y cuando represente una amenaza «genuina, real y suficientemente seria» que afecte a los intereses de la sociedad.

Reding pidió también que se analicen las expulsiones a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, con fuerza legal desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. «En particular, en relación con la prohibición de expulsiones colectivas y el respeto a los derechos de las minorías» que recoge la carta. La vicepresidenta manifestó el miércoles su «preocupación» por las expulsiones. «Lamento que parte de la retórica utilizada en algunos Estados en las pasadas semanas ha sido abiertamente discriminatoria y en parte inflamatoria», aseguró.


Los franceses apoyan las expulsiones
Las expulsiones de inmigrantes gitanos a sus países de origen en Europa del Este por parte del Gobierno divide a los franceses, si bien son más, casi la mitad los que se inclinan a favor de la medida, según el sondeo publicado ayer por el diario «Le Parisien». Según el sondeo, el 48% se declara a favor, el 42% en contra, mientras que el 10% restante prefiere no pronunciarse sobre esta cuestión, que ha granjeado al Gobierno numerosas críticas, tanto por parte de la oposición, como desde Bruselas y desde Rumanía y Bulgaria.