El Gobierno de Nicolas Sarkozy no solo seguirá adelante con su política de desmantelamiento de campamentos ilegales de gitanos y deportación de sus ocupantes, sino que se plantea ampliar las expulsiones en casos de «robos reiterados» o «mendicidad agresiva».

Se trataría de ampliar las posibilidades de deportaciones de extranjeros «en casos de amenaza al orden público por actos repetidos de robo o mendicidad agresiva», anunció el ministro de Inmigración francés, Eric Besson.

En rueda de prensa junto al titular del Interior, Brice Hortefeux, y al secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, Besson anunció que presentará una enmienda a la legislación vigente para que esa medida se pueda aplicar. Es una iniciativa destinada a «luchar de forma más eficaz contra las redes de inmigración clandestina y de trata de seres humanos procedentes de Rumanía y de Bulgaria», añadió Besson, quien encabezará la delegación del Gobierno galo que hoy explicará a la Comisión Europea la política de Francia en relación con la comunidad romaní.

En poco más de un mes, desde que Sarkozy diera instrucciones a su Gobierno, se han evacuado 128 campamentos ilegales y se han deportado a 977 gitanos. Ese es el balance que hizo el ministro Hortefeux ante la prensa, que precisó además que en lo que va de año más de 8.300 rumanos y búlgaros han sido devueltos a sus países. «No hacemos más que aplicar las leyes en vigor», dijo, antes de incidir en que «el Gobierno dice lo que hace y hace lo que dice».

Hortefeux reiteró que no se trata de estigmatizar a ninguna comunidad en concreto, ni de expulsar a gitanos por el hecho de serlo, pero tampoco de «cerrar los ojos a la realidad». Como ejemplo, informó de que los actos de delincuencia en París perpetrados por rumanos aumentaron un 259% en el plazo de año y medio. Uno de cada cinco robos es obra de un rumano y uno de cada cuatro robos por menores fue cometido por un menor de esa nacionalidad, añadió.

Al igual que Besson en Bruselas, Hortefeux tendrá que dar explicaciones hoy, aunque en su caso su interlocutor será el presidente de la Conferencia Episcopal francesa, el cardenal André Vingt-Trois, al que recibirá para tratar de aplacar las críticas de la Iglesia católica. Más que críticas, el ministro dijo que se han escuchado declaraciones relacionadas con «nuestro deber de acogida y de respeto a los demás».

Nada que ver con las de otros dirigentes políticos que han ido mucho más allá al hablar de política «nazi», «racista» o de «redadas» o incluso con las del arzobispo de Toulouse, Robert le Gall, quien llegó a comparar las expulsiones de gitanos con las deportaciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Es una comparación que constituye una «falta grave», según el primer ministro François Fillon, quien defendió la actual política de seguridad, aunque reconoció que hay algunos que la utilizan con «demagogia».

Disensiones en el Gobierno

También cerró filas en torno a Sarkozy y sus compañeros el ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, pese a que reveló que llegó a plantearse la dimisión a raíz de la polémica por las expulsiones de gitanos. No lo hizo porque «irse es desertar», explicó Kouchner, añadiendo que aunque «no estoy contento», la política que se está aplicando es «necesaria». Quien parece no tenerlo tan claro es el ministro de Defensa, Hervé Morin, quien recientemente cuestionó una política sustentada únicamente en medidas represivas.