El Gobierno francés seguirá expulsando gitanos y privará de la nacionalidad a los ciudadanos de origen extranjero que atenten contra la autoridad. El presidente Nicolas Sarkozy dio ayer su visto bueno a una serie de medidas que endurecen el proyecto de ley de inmigración y justifican la repatriación de los originarios de otros paÃses europeos.
Sarkozy ya habÃa anunciado a finales de julio su «voluntad inflexible» de iniciar esta ofensiva. La primera de las medidas aprobadas durante la larga reunión que presidió ayer en el palacio del ElÃseo fue la posibilidad de retirar la nacionalidad a «quienes atenten contra un representante de la autoridad pública, en particular policÃas y gendarmes» hasta diez años después de haberla conseguido.
También es decisión personal del presidente la enmienda que facilitará la reconducción a sus paÃses de origen a los europeos «en caso de amenaza para el orden público, en ausencia durable de medios de vida o por abuso del derecho a la libre circulación». A los miembros del Gobierno a cargo de la seguridad les ha pedido un reforzamiento de los poderes de los prefectos para desalojar los campamentos ilegales.
El ministro de Inmigración, Eric Besson, confirmó poco después la intención de continuar con las expulsiones de gitanos. Hizo todo lo posible por esquivar el asunto en la reunión que mantuvo con sus homólogos de otro cinco paÃses europeos y Canadá, y se esforzó en defender que «Francia cumple escrupulosamente el derecho comunitario», a la espera de un dictamen de Bruselas sobre la legalidad de las repatriaciones de rumanos y búlgaros que se intensificaron desde finales de julio.
Besson no consiguió sin embargo que la comisaria de Asuntos Interiores, Cecilia Marlstrom, compareciera a su lado ante los medios informativos. Sà lo hizo el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, que identificó su propia polÃtica de expulsiones con la francesa y denunció los «problemas» que plantea la normativa de la UE sobre el derecho de sus ciudadanos a establecerse en otro paÃs.
PolÃgamos
La derecha francesa respalda plenamente la mano dura contra la inmigración ilegal y algunos proponen incluso ir más allá. Ayer en el ElÃseo, Sarkozy tuvo que frenar a su ministro del Interior, Brice Hortefeux, que querÃa privar también de la nacionalidad a los polÃgamos, una medida que rechazó por su dudosa constitucionalidad, aunque dio instrucciones de agravar las penas para quienes incurran en este delito.
Los expertos en derecho constitucional aseguran que la privación de la ciudadanÃa para los extranjeros que atenten contra las fuerzas del orden también contraviene el artÃculo 1 de la Carta Magna, que proclama la igualdad de los franceses ante la ley.
El ex primer ministro Alain Juppé se preguntaba ayer si es menos grave matar a un policÃa «siendo francés desde hace varias generaciones». A la izquierda, las nuevas medidas de Sarkozy le «ponen los pelos de punta».
Y puede haber más. Una comisión o una alta personalidad recibirá en breve la misión de estudiar cómo limitar la adquisición de la nacionalidad francesa a los hijos de los inmigrantes, que ahora tienen garantizada por el hecho de haber nacido en territorio galo. Eric Besson puntualizó que esta cuestión «necesita un examen en profundidad», pero es una idea que «no se va a enterrar».
La Asamblea Nacional iniciará el debate sobre el proyecto de ley de inmigración el dÃa 27. |
