Si se trata de condenar las tropelías cometidas por crueles tiranos en lejanas dictaduras de América, Asia o África, la Comisión Europea siempre borda su papel de adalid de los derechos humanos. Pero cuando todo sucede en el corazón de Europa, esa firmeza se torna de pronto en ambigua y comprensiva tibieza. No es lo mismo, claro, meterle el dedo en el ojo a China, a Cuba o a Sudán, que leerle la cartilla a Francia.

Pero lo malo de ese relativismo moral es que acaba empañando la capacidad de Europa para aparecer ante el mundo como un verdadero referente ético.

El presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durão Barroso, ejecutó ayer ante el Parlamento Europeo ese calculado ejercicio de exquisita equidistancia política de que acostumbra a hacer gala cuando corre el riesgo de agraviar a los amigos poderosos. Es verdad que amagó cierta valentía arrojando la piedra para alertar contra los brotes de xenofobia que amenazan al continente, pero también lo es que escondió la mano sin sonrojo alguno cuando eludió condenar expresamente las expulsiones de ciudadanos europeos de etnia gitana decretadas por el Gobierno francés.

Barroso había viajado a París el día anterior con la excusa de mostrarle su preocupación a Sarkozy, aunque cada vez cobra más sentido la tesis de que lo que pretendía, en realidad, era pactar los términos de su discurso ante la Eurocámara: si bien se mostró desolado por la proliferación de brotes de «xenofobia y racismo» en la UE, no tuvo ni una palabra de consuelo para los cientos de gitanos rumanos y búlgaros deportados en masa hacia sus países de origen.

Censura:

Salvo por parte del Partido Popular Europeo, del que forman parte Barroso y Sarkozy, los líderes de todos los grandes grupos tuvieron duras palabras para censurar la actitud del presidente de la Comisión. Empezando por el portavoz socialista, el alemán Martin Schulz, quien responsabilizó expresamente al presidente galo y a su primer ministro, François Fillon, de ejercer contra los gitanos una «caza de brujas» intolerable en la Europa del siglo XXI.

También el líder liberal y ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt, criticó duramente a Barroso por no condenar las expulsiones: «Hablamos de ciudadanos europeos, y no se puede aceptar que sus derechos sean violados. La Comisión, señor presidente, debe reaccionar sin concesiones. No es su derecho, es su deber», espetó.

También hubo críticas individuales por parte de eurodiputados populares, como la húngara Livia Jaroka, quien quizá no fue consciente de lo extemporánea, por evidente, que resulta su alocución, recogida en el diario de sesiones: «Nadie puede ser expulsado de un país por pertenecer a la minoría gitana».