El Parlamento Europeo condenó ayer en duros términos la expulsión de gitanos de Francia y otros países de la UE, pero París ha decidido no darse por aludido. El ministro de Inmigración galo, Eric Besson, manifestaba en Bucarest que el Gobierno Sarkozy continuará con esta controvertida política, al tiempo que acusaba a la Eurocámara de haberse excedido en sus prerrogativas, al pronunciarse sobre una materia que no es de su competencia.

El derecho invocado por la cámara de Estrasburgo para discutir y aprobar una resolución parlamentaria sobre la problemática de los gitanos es la facultad que le asiste de actuar por propia iniciativa. Cuando lo hace, sus resoluciones y dictámenes carecen de valor jurídico, como es el caso actual. El mensaje político -el buscado por la institución comunitaria- quedó, sin embargo, muy claro: una mayoría de 337 eurodiputados, constituida por socialistas, liberales, verdes y comunistas, dio el visto bueno a una resolución que reclama la «suspensión inmediata» de las expulsiones de gitanos. Invocó, para justificar sus demandas, la libre circulación de personas y la prohibición de todo género de discriminaciones éticas o raciales en la Europa comunitaria.
Los populares (PPE) y los conservadores británicos, que promovían una resolución alternativa para favorecer la integración de estas poblaciones nómadas, fueron derrotados al sumar 245 votos. Hubo 51 abstenciones. Una vez conocido el resultado, los parlamentarios derrotados manifestaron que lamentaban la instrumentalización política hecha de un problema tan sensible.
Retórica incendiaria
La resolución parlamentaria insta a los responsables políticos a «rechazar cualquier declaración que vincule a las minorías y a los inmigrantes con la delincuencia y cree estereotipos discriminatorios». También expresa preocupación por la «retórica incendiaria y abiertamente segregacionista que ha caracterizado al discurso político durante las repatriaciones de personas gitanas, lo que ha conferido cierta credibilidad a las declaraciones racistas y las acciones perpetradas por grupos de extrema derecha». El texto recuerda, además, que la toma de huellas dactilares a las personas expulsadas es ilegal y contradice lo dispuesto por la Carta de Derechos Fundamentales.
La severidad del pronunciamiento de la cámara alcanza también a la Comisión Europea, a la que acusa de haber ofrecido «una respuesta tardía y limitada» al problema suscitado por estas expulsiones. París ha negado siempre el carácter colectivo de las deportaciones de gitanos, y manifiesta que todas sus actuaciones se atienen a derecho.
Todos estos extremos deberían quedar claros en un informe que, al respecto, elabora la Comisión, y para el que no existe fecha de publicación. El Parlamento Europeo decía ayer estar a la espera de dicho informe. Francia, en cualquier caso, no va a quedarse quieta. En unas declaraciones a \'Le Monde\', Pierre Lellouche, el secretario de Estado galo para Asuntos Europeos, daba a entender que si Rumanía no hace frente al problema de los gitanos, frenando su emigración desordenada al resto de la Unión, París podría objetar la plena integración de ese país al espacio Schengen, del que no formará parte con plenitud de derechos hasta 2011.